Los recientes encarcelamientos de los líderes de Manos Limpias y Ausbank así como otros muchos casos que ahora salen a la palestra creo que nos tienen que alertar sobre los mecanismos de control y supervisión de los que dispone el Estado.
No seré yo quien abogue por un Estado tipo policial ni tampoco creo que haya que ir detrás del personal para vigilarlo, controlarlo o acotar sus libertades. Pero ni un extremo ni otro. No es de recibo que personas que se ve que están viviendo a todo trapo y cuyo patrimonio no para de crecer de forma sospechosa campen a sus anchas. No digamos nada si se trata de dirigentes de entidades "sin ánimo de lucro". Y menos si, como es el caso de Mario Conde, después de pasar por prisión todavía no había devuelto lo que no le pertenecía.
El Estado se tiene que dotar de medios y recursos para supervisar estas situaciones. Y actuar con rapidez y contundencia en cuanto se observen indicios de irregularidades. No es suficiente la intervención como consecuencia de una denuncia ciudadana. Hay que actuar de oficio con rapidez y con inteligencia. Y evitar de una vez por todas el agravio comparativo con el ciudadano de a pie al que se le aprieta y se le exige igual que si fuera un potentado.
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